Piedad Córdoba está de nuevo en el ojo del huracán. En esta ocasión, por un apasionado discurso veintejuliero de izquierda que se echó a comienzos de julio ante los indígenas en Miranda, en el norte del Cauca, en el que apoyó su resistencia a los grupos armados y los militares, dijo que el Ejército ponía minas antipersona y llamó a revocar al Congreso y, de paso, al presidente. Sin embargo, los que han quedado en evidencia son aquellos que quisieran verla 'empapelada' por la Justicia por cuenta de estas opiniones.
La Negra, como le dicen a la exsenadora liberal Piedad Córdoba, despierta toda clase de pasiones. Muy negativas entre el establecimiento y las élites y de aplauso entre ONG de izquierda y sectores del movimiento popular. Su entusiasta adhesión a la Marcha Patriótica, un movimiento que algunos ven inspirado por las Farc, no ha hecho sino reforzar estos sentimientos. Y su figura, cercana a Chávez, interlocutora de las Farc, campeona de las liberaciones, el intercambio humanitario y la paz negociada, no ha perdido ni vigencia ni espíritu de provocación, pese a que el procurador la destituyó e inhabilitó por 18 años por considerar que se trataría de la 'Teodora Bolívar' de los correos electrónicos de los computadores de Raúl Reyes, el extinto jefe de las Farc.
Esta vez el escándalo es por una arenga ante los indígenas del Cauca. Se dijo que los había incitado a tomarse las bases militares. Aunque ya no tiene ninguna competencia frente a ella, el procurador Alejandro Ordóñez pidió procesarla penalmente por incitación a asonada y concierto para delinquir. El ministro de Defensa hizo un pronunciamiento manifestando su preocupación por las palabras de Piedad. Los liberales tomaron rápida distancia de su excompañera de viaje. Solo el fiscal general salió a bajarle la temperatura a lo que ya parecía una reedición de otras cacerías de brujas que ha protagonizado la lengüisuelta y radical líder política de izquierda.
En el video, disponible en YouTube, Piedad está en lo suyo: arengando a las masas contra el imperialismo, las locomotoras de Santos y la bota militar; en suma, haciendo política. Algunas de las opiniones que ahí expresa son irresponsables y salidas de tono, e indignan, con razón, a la mayoría de los colombianos. Afirmó que el Ejército está poniendo minas, lo cual es un exabrupto hasta para sus propios seguidores: en el Cauca hay municiones sin explotar, de la guerrilla y de los militares, que son un riesgo, pero todo el mundo sabe que solamente las Farc ponen minas antipersona, allí y en el resto de Colombia. El Ejército ha cumplido con los compromisos de la Convención de Otttawa, suscrita por el país, la cual implica, entre otros, no sembrar minas. "No queremos bases militares, dijo. Vamos a recoger firmas para revocarles el mandato a los congresistas, e, inclusive, deberíamos tumbar hasta al presidente de la República", añadió, entre aplausos.
¿Que Piedad apoya la resistencia indígena contra la presencia militar en sus territorios? Eso puede ser provocador, 'políticamente incorrecto' y hasta constitucionalmente imperdonable. Pero tratar de aplicarle artículos del Código Penal a esas afirmaciones, como quisiera el procurador, sentaría el funesto precedente de castigar el delito de opinión, en un país donde, hasta ahora, esta figura no existe. Si alguien quiere acusar a Piedad Córdoba de complicidad con la guerrilla, debe presentar pruebas. Pero tener opiniones políticas, así estas puedan coincidir a veces con las de las Farc, no es delito en Colombia. Si lo fuera, sería el chavismo al revés.
Esta vez el escándalo es por una arenga ante los indígenas del Cauca. Se dijo que los había incitado a tomarse las bases militares. Aunque ya no tiene ninguna competencia frente a ella, el procurador Alejandro Ordóñez pidió procesarla penalmente por incitación a asonada y concierto para delinquir. El ministro de Defensa hizo un pronunciamiento manifestando su preocupación por las palabras de Piedad. Los liberales tomaron rápida distancia de su excompañera de viaje. Solo el fiscal general salió a bajarle la temperatura a lo que ya parecía una reedición de otras cacerías de brujas que ha protagonizado la lengüisuelta y radical líder política de izquierda.
En el video, disponible en YouTube, Piedad está en lo suyo: arengando a las masas contra el imperialismo, las locomotoras de Santos y la bota militar; en suma, haciendo política. Algunas de las opiniones que ahí expresa son irresponsables y salidas de tono, e indignan, con razón, a la mayoría de los colombianos. Afirmó que el Ejército está poniendo minas, lo cual es un exabrupto hasta para sus propios seguidores: en el Cauca hay municiones sin explotar, de la guerrilla y de los militares, que son un riesgo, pero todo el mundo sabe que solamente las Farc ponen minas antipersona, allí y en el resto de Colombia. El Ejército ha cumplido con los compromisos de la Convención de Otttawa, suscrita por el país, la cual implica, entre otros, no sembrar minas. "No queremos bases militares, dijo. Vamos a recoger firmas para revocarles el mandato a los congresistas, e, inclusive, deberíamos tumbar hasta al presidente de la República", añadió, entre aplausos.
¿Que Piedad apoya la resistencia indígena contra la presencia militar en sus territorios? Eso puede ser provocador, 'políticamente incorrecto' y hasta constitucionalmente imperdonable. Pero tratar de aplicarle artículos del Código Penal a esas afirmaciones, como quisiera el procurador, sentaría el funesto precedente de castigar el delito de opinión, en un país donde, hasta ahora, esta figura no existe. Si alguien quiere acusar a Piedad Córdoba de complicidad con la guerrilla, debe presentar pruebas. Pero tener opiniones políticas, así estas puedan coincidir a veces con las de las Farc, no es delito en Colombia. Si lo fuera, sería el chavismo al revés.
(CORTESÍA SEMANA.COM)
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