RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD : Las opiniones aquí expresadas pertenecen al autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento del Estado de los EEUU, el Programa Fulbright, la Comisión Fulbright de Colombia, el Instituto de Estudios Internacionales (IIE) o la Universidad de los Andes. Léase todo con comprensión. Atentamente, Gabriel-Josué Hurst

lunes, 30 de julio de 2012

Procurador y Piedad: A palabras necias...



Piedad Córdoba está de nuevo en el ojo del huracán. En esta ocasión, por un apasionado discurso veintejuliero de izquierda que se echó a comienzos de julio ante los indígenas en Miranda, en el norte del Cauca, en el que apoyó su resistencia a los grupos armados y los militares, dijo que el Ejército ponía minas antipersona y llamó a revocar al Congreso y, de paso, al presidente. Sin embargo, los que han quedado en evidencia son aquellos que quisieran verla 'empapelada' por la Justicia por cuenta de estas opiniones.
La Negra, como le dicen a la exsenadora liberal Piedad Córdoba, despierta toda clase de pasiones. Muy negativas entre el establecimiento y las élites y de aplauso entre ONG de izquierda y sectores del movimiento popular. Su entusiasta adhesión a la Marcha Patriótica, un movimiento que algunos ven inspirado por las Farc, no ha hecho sino reforzar estos sentimientos. Y su figura, cercana a Chávez, interlocutora de las Farc, campeona de las liberaciones, el intercambio humanitario y la paz negociada, no ha perdido ni vigencia ni espíritu de provocación, pese a que el procurador la destituyó e inhabilitó por 18 años por considerar que se trataría de la 'Teodora Bolívar' de los correos electrónicos de los computadores de Raúl Reyes, el extinto jefe de las Farc.


Esta vez el escándalo es por una arenga ante los indígenas del Cauca. Se dijo que los había incitado a tomarse las bases militares. Aunque ya no tiene ninguna competencia frente a ella, el procurador Alejandro Ordóñez pidió procesarla penalmente por incitación a asonada y concierto para delinquir. El ministro de Defensa hizo un pronunciamiento manifestando su preocupación por las palabras de Piedad. Los liberales tomaron rápida distancia de su excompañera de viaje. Solo el fiscal general salió a bajarle la temperatura a lo que ya parecía una reedición de otras cacerías de brujas que ha protagonizado la lengüisuelta y radical líder política de izquierda.


En el video, disponible en YouTube, Piedad está en lo suyo: arengando a las masas contra el imperialismo, las locomotoras de Santos y la bota militar; en suma, haciendo política. Algunas de las opiniones que ahí expresa son irresponsables y salidas de tono, e indignan, con razón, a la mayoría de los colombianos. Afirmó que el Ejército está poniendo minas, lo cual es un exabrupto hasta para sus propios seguidores: en el Cauca hay municiones sin explotar, de la guerrilla y de los militares, que son un riesgo, pero todo el mundo sabe que solamente las Farc ponen minas antipersona, allí y en el resto de Colombia. El Ejército ha cumplido con los compromisos de la Convención de Otttawa, suscrita por el país, la cual implica, entre otros, no sembrar minas. "No queremos bases militares, dijo. Vamos a recoger firmas para revocarles el mandato a los congresistas, e, inclusive, deberíamos tumbar hasta al presidente de la República", añadió, entre aplausos.


¿Que Piedad apoya la resistencia indígena contra la presencia militar en sus territorios? Eso puede ser provocador, 'políticamente incorrecto' y hasta constitucionalmente imperdonable. Pero tratar de aplicarle artículos del Código Penal a esas afirmaciones, como quisiera el procurador, sentaría el funesto precedente de castigar el delito de opinión, en un país donde, hasta ahora, esta figura no existe. Si alguien quiere acusar a Piedad Córdoba de complicidad con la guerrilla, debe presentar pruebas. Pero tener opiniones políticas, así estas puedan coincidir a veces con las de las Farc, no es delito en Colombia. Si lo fuera, sería el chavismo al revés.
(CORTESÍA SEMANA.COM)

domingo, 22 de julio de 2012

La Guerrilla y el Ejército ¿dos caras de la misma moneda?




 No puede ser más lastimero y descorazonador el panorama nacional. Tal pareciera que a este gobierno, como a los anteriores, le ha quedado grande el país con sus problemas milenarios.  Sin lugar a dudas, los descalificativos lapidarios y disonantes que se han empleado para referirse a los indígenas, tachándolos de “ignorantes” y “simpatizantes” de grupos insurgentes, no tienen presentación y dejan al descubierto la falta de concientización social y la aguda miopía de la que adolecen muchos colombianos, quienes además son incapaces de la indeleble impronta de los chibchas en su fisionomía. El que los indígenas quieran que un Estado reticente y negligente que sistemáticamente los ha inferiorizado y tratado con displicencia se retire de sus territorios ancestrales, no quiere decir que los mismos sean colaboradores de las FARC, cuyo retiro incondicional igualmente ha sido solicitado. Sin embargo, es evidente que por debajo de todo esto subyace una actitud, a todas luces, racista que sigue justificando la discriminación, diferenciación y exclusión de colectivos y territorios enteros, tenidos por lastres e impedimentos al “progreso.”

Malcolm X, un controvertido líder afroamericano durante los años 70, tenía razón cuando dijo que nos cuidáramos de los medios de comunicación porque terminaríamos menospreciando al oprimido y glorificando al opresor.  Al parecer, el contenido de dicha cita ha sido profético y constatado por el alud comentarios xenofóbicos e intolerantes dejados por lectores de Semana, El Tiempo y El Espectador, que no sólo evidencian el escandaloso nivel de intolerancia que acusa la sociedad colombiana sino un pronunciado desconocimiento de una cruda e inhóspita realidad que se ha convertido en el pan de cada día para los indígenas del Cauca. 

A mi juicio, es sumamente reduccionista e inflamatorio tildarlos de auxiliadores de la guerrilla, pues tal afirmación desconoce la validez de sus protestas y el desespero y hastío que los han venido acometiendo de forma inclemente desde tiempos inmemoriales. Además, al referirnos a ellos así para deslegitimar su descontento vuelto protesta es el colmo de las infamias si tenemos en cuenta que ellos siguen poniendo los muertos en este conflicto sin norte y denuncian a diario el reclutamiento de sus hijos y los atropellos de los que son objetos por parte de las FARC. 

Los argumentos que se han esgrimido para explicar el accionar de los pueblos originarios del Sur colombiano van desde la complicidad con la guerrilla hasta la deuda histórica del Estado con los indígenas y están avivando debates de fondo sobre los límites de la autonomía indígena y la efectividad de las políticas del gobierno para manejar la cada vez más compleja y dramática situación del Cauca.


 Sin embargo, es interesante que no se haya traído a colación de manera satisfactoria la conceptualización del conflicto armado que tienen muchos individuos que viven en medio del fuego cruzado de la fuerza pública y la guerrilla. En Más allá de la noche, Germán Castro Caycedo despolitiza el drama del conflicto armado y lo presenta desde los puntos de vista metonímicos de dos personajes para dejar sentada la idea algo subversiva de que las FARC y el Ejércitos muchas veces son vistos como dos caras de la misma moneda. A lo largo de libro, Castro Caycedo describe con lujo de detalles las dinámicas internas de las estructuras organizativas de los actores armados, donde curiosamente se pueden comprobar simetrías casi perfectas. Los rasgos definitorios que caracterizan a los dos grupos van haciéndose cada vez más difusos a medida que avanza la narrativa, tanto que las voces individuales de los protagonistas, Alejandro y Eloísa, se confunden y toman ribetes unívocos. Tanto los insurgentes como las fuerzas regulares del Estado tratan a sus combatientes con indolencia como si fueran carne de cañón y las filas de ambos son engrosadas por jóvenes que son prófugos del hambre, del agobio y futuros inciertos. Lamentablemente, la carencia de oportunidades en sus lugares de procedencia los impele a buscar horizontes más esperanzados en las trincheras del conflicto armado que azota de manera inmisericorde al país. Es de resaltar que Castro Caycedo identifica a la pauperización infrahumana en que viven sumidos los habitantes de las zonas rurales de Colombia como el principal detonante del espiral de violencia que desangra al país, y muestra que, al igual que otras guerras, sus actores no están plenamente conscientes de los alcances y fundamentos de la misma por su juventud, sus privaciones materiales y su escolaridad deficiente. 

En aras de no explayarme demasiado  sobre la novela, Castro Caycedo utiliza las perspectivas de dos personajes que pertenecen a grupos confrontados para no sólo arrojar luz sobre las similitudes que comparten sino también visibilizar la manera en que los dos bandos han contribuido al deterioro socio-político de Colombia. Según él, la guerrilla y el Ejército son harina del mismo costal por los incesantes hostigamientos que perpetran contra la población civil y su proclividad por tildar de “simpatizantes” a los que se acogen a la neutralidad.  


 Llegado a este término, estimo conveniente que el Estado colombiano se ponga a la altura de su llamado y se aboque a la tarea nada fácil, implementando las medidas que sean necesarias, de reparar el daño y ganarse la confianza de una población que hoy se está tomando los cerros para desalojar a los militares. La legitimidad de un Estado se desmorona cuando su presencia en una zona determinada es nula y estrictamente de índole militar. Los indígenas del Cauca están en todo su derecho por sentirse hastiados y querer que se vayan los contendientes a otra parte con una guerra que consideran ajena y lesiva a sus intereses. Sin embargo, concuerdo con el Estado en que no puede haber territorios vedados para la fuerza pública, especialmente en departamentos de gran complejidad socio-política como el Cauca en donde se choca una multiplicidad de intereses y proyectos. Que el Estado deje el altiplano cundiboyacense y penetre las zonas apartadas y recónditas de Colombia, donde las FARC se han atrincherado en sus áreas históricas, implica retos no solo militares.  

Sería, a todas luces, una insensatez pensar en el fin del conflicto armado sin la colaboración de grupos rurales que son precisamente los que más padecen sus estragos. Lo que le corresponde al Estado hacer es construir un diálogo de respeto recíproco y adelantarlo de una forma horizontal de manera que las comunidades indígenas entiendan que el Estado colombiano no está desinteresado en las penalidades que le asisten a las comunidades más desvalidas. Pero eso lamentablemente no ha sucedido y me temo que con cada día que pasa Santos, por temor de aparecer pusilánime e indeciso a la hora de tomar decisiones de gran calado, está dejando que la retórica incendiaria y polarizadora de Uribe repercuta en su actuación y demerite su aura de conciliador.  

martes, 10 de julio de 2012

Paraguay: corolario de la hiprocresía democrática





No es totalmente inusitado que gobiernos de la región pongan un grito al cielo cuando presidentes de derecha socavan instituciones democráticas, y no protesten cuando gobiernos liderados por dirigentes izquierdistas incurran en las mismas indiscreciones, pero vale destacar que Brasil, Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos, mediante su bochornosa aplicación de una innegable doble rasero en aras de salvaguardar sus intereses geopolíticos, han contribuido a generar un clima de "todo vale" en la región. Países que han cohonestado con total complicidad la erosión de la democracia en Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba, ahora han salido al unísono a dejar sentada su más enérgica inconformidad a lo que perciben como un atentado golpista que, por ende, ha redundando en la remoción de Lugo de sus funciones presidenciales. 

No pretendo justificar la defenestración del ex-presidente paraguayo Lugo que, a todas luces, acusa particularidades altamente cuestionables en cuanto a la celeridad con que se llevó a cabo o el tiempo insuficiente que se le concedió para defenderse, pero la doblez con que siguen actuando países de la región le han dado cabida a este tipo de conductas improcedentes. Pese a que lo ocurrido en Paraguay aún no se haya esclarecido a cabalidad, me parece irrisorio que países como Cuba, que no ha permitido elecciones libres en más de cinco décadas, haya retirado a su embajador de Paraguay bajo el pretexto de la isla "no reconocerá autoridad alguna que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo paraguayo." Los mismos países que suspendieron del Mercosur a Paraguay, luego de Franco asumiera sus funciones, se han solidarizado con un régimen castrense que reprime de forma inmisericorde a sus disidentes, hasta llegándose a amenazar en reiteradas oportunidades durante la reciente Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena con no asistir a futuros cónclaves si Cuba no era invitada. 

Los mismos países brillaron por su mutismo sepulcral cuando Hugo Chávez inhabilitó sin debido proceso a más de 270 líderes opositores en las elecciones de gobernación estatales en 2008. Tampoco hubo la más mínima queja cuando Chávez volvió a desconocer la voluntad de los electores venezolanos, cuya mayoría sufragó a favor del candidato opositor Antonio Ledesma como alcalde de Caracas. Luego de que se posesionara Ledesma como prefecto capitalino, Chávez recurrió a la bajeza al minar su autoridad, creando un nuevo cargo por encima del alcalde, restándole así su maniobrabilidad gerencial y mermándole el presupuesto. 

Lamentablemente, muchos son los casos en los que se evidencia la pronunciada hipocresía de la región al denunciar de manera ética y transparente casos flagrantes de atropellos a la institucionalidad democrática. A mi juicio, la destitución expedita de Lugo sí amerita la repulsa de la comunidad internacional, pero más indignación nos debe generar la defensa selectiva de Latinoamérica que le ha dado pie a este tipo de irregularidades que, por desgracia, se van repitiendo con demasiada asiduidad.  






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