A pesar de radicar fuera de Chibchombia en Gringolandia, he seguido muy de acerca el avance de la Ley de Restitución de Tierras a las víctimas del conflicto armado que ha generado encontradas reacciones en diferentes sectores del país. Si bien la iniciativa ha ostentado gran acogida en todo el país, la aceptación en Antioquia, donde ciertos gremios afincan su poder económico y político en la ruralidad, ha sido bastante tibia y acusa ribetes regionalistas.
Lamentablemente, la tenencia de tierras sigue siendo en Colombia el gran generador de conflicto, como lo ha sido desde los albores de la Conquista. Para comenzar, el divorcio político entre Juanma y Uribe ya es historia patria, pues el compromiso de Juanma por devolverles el suelo a campesinos despojados lo ha distanciado de manera definitiva del uribismo y de los ideales que éste representa, así esa no hubiera sido su intención.
En lo corrido de este año, Juanma ha hecho una serie de alocuciones públicas en Barranquilla y Necoclí, en las que ha reafirmado su respaldo al proceso de devolución de predios ilícitamente usurpados por actores armados a las víctimas del conflicto armado. Sin lugar a dudas, esto tiene pocos precedentes en un país ultraconservador como Colombia, donde los gobernantes han sido en general alérgicos a "meterle pueblo" a temas distintos a la paz o el secuestro y sólo hacen grandes concentraciones en ocasiones electorales y para algunos objetivos puntuales.
La decisión de Juanma de irse a Barranquilla y Necoclí a solidarizarse con las víctimas del despojo territorial a Uribe debió habérsele caído como patada al estómago. Los adeptos más acérrimos del uribismo lo han interpretado como un acto totalmente improcedente porque marca una ruptura con las élites de las que él hace parte (o ha hecho parte) que lo catapultaron a la dirigencia del país y que ven a Uribe como su líder ideológico.
El disgusto de Uribe se debe a que él teme que el proyecto de ley estimule una "lucha de clases" que redundaría en un entripado entre la gran mayoría de ciudadanos que respalda la iniciativa y los empresarios del campo y dueños de fincas. Los empresarios de agro antioqueños tienen motivos de sobra para estar preocupados, pues se pusieron a comprar tierras en el Bajo Cauca, el Urabá y en los Montes de María, tierras que se han convertido en los últimos años en focos del desplazamiento forzado. El Urabá ha sido una de las zonas que más ha sufrido los embates de la violencia en Colombia y allí fueron despojadas 41.790 hectáreas mediante suplantaciones, falsificaciones de resoluciones y otros fraudes realizados, incluso con la complicidad de funcionarios públicos.
Se cree que estos empresarios no aplicaron con rigor los controles necesarios para saber el origen de los predios que compraron y cerciorarse de que en ellos no había despojo coaccionado. Entiendo en parte la frustración de los terratenientes paisas, pues se verán en la penosa situación de tener que defenderse ante los estrados judiciales y dar pruebas fehacientes de su probidad y condición de "compradores de buena fe". Por ley, uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Sin embargo, la verdad sea dicha, nadie les dijo que se pusieran a comprar predios de dudosa procedencia en uno de las regiones del país que más ha sufrido el azote del desplazamiento forzado.
Que tengan que comparecerse ante los tribunales y rendir cuentas, no debe resultarles de extrañeza. Si son tan probos y rectos cómo se dicen ser, no tienen nada de qué temer, pues el que nada debe, nada teme. Que se sometan al proceso y se dispongan a cooperar donde sea posible y hasta las últimas instancias con la ley; de lo contrario, ellos mismos estarían amancillando su propia reputación "intachable" porque algo seguramente estarán ocultando. Por algo, esos señores tienen su tapado.
Este dilema cada vez más está tomando un cariz altamente preocupante, pues los detractores de la ley la consideran como una de las herramientas más execrables que está empleando Santos para exacerbar la creciente animosidad entre los campesinos despojados y los empresarios de agro en Colombia. Según las cifras oficiales, 40 por ciento de los predios rurales colombianos, cerca de 1,2 millones, carecen de titulación y la meta del gobierno de Santos este año es formalizar medio millón de hectáreas. Si bien aplaudo la osadía de Santos de afrontar este problema e imponer de una buena vez una cultura de respeto a la legalidad, me genera mucha preocupación que la violencia en Colombia se recrudezca y se ocasionen más muertes.
María Jimena Duzán tenía razón al decir que los enemigos más recalcitrantes que tiene la restitución de tierras se hicieron públicos después de la manifestación en Necoclí. Me temo que los campesinos que hicieron acto de presencia en aquella marcha tal vez se hayan colgado sus propias lápidas al cuello. Por lo menos, así lo indica la resistencia que están oponiendo ciertos gremios agrícolas que se beneficiaron del desplazamiento forzado y se abocaron con total desvergüenza a la rapiña de tierras para adelantar megaproyectos. Quizás peque de pesimista pero concuerdo con Hollman Morris cuando dijo que la Ley de Restitución tal vez deje más muertos en Colombia y radicalice el espiral de violencia. Todo esto deja más preguntas que respuestas.
El disgusto de Uribe se debe a que él teme que el proyecto de ley estimule una "lucha de clases" que redundaría en un entripado entre la gran mayoría de ciudadanos que respalda la iniciativa y los empresarios del campo y dueños de fincas. Los empresarios de agro antioqueños tienen motivos de sobra para estar preocupados, pues se pusieron a comprar tierras en el Bajo Cauca, el Urabá y en los Montes de María, tierras que se han convertido en los últimos años en focos del desplazamiento forzado. El Urabá ha sido una de las zonas que más ha sufrido los embates de la violencia en Colombia y allí fueron despojadas 41.790 hectáreas mediante suplantaciones, falsificaciones de resoluciones y otros fraudes realizados, incluso con la complicidad de funcionarios públicos.
Se cree que estos empresarios no aplicaron con rigor los controles necesarios para saber el origen de los predios que compraron y cerciorarse de que en ellos no había despojo coaccionado. Entiendo en parte la frustración de los terratenientes paisas, pues se verán en la penosa situación de tener que defenderse ante los estrados judiciales y dar pruebas fehacientes de su probidad y condición de "compradores de buena fe". Por ley, uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Sin embargo, la verdad sea dicha, nadie les dijo que se pusieran a comprar predios de dudosa procedencia en uno de las regiones del país que más ha sufrido el azote del desplazamiento forzado.
Que tengan que comparecerse ante los tribunales y rendir cuentas, no debe resultarles de extrañeza. Si son tan probos y rectos cómo se dicen ser, no tienen nada de qué temer, pues el que nada debe, nada teme. Que se sometan al proceso y se dispongan a cooperar donde sea posible y hasta las últimas instancias con la ley; de lo contrario, ellos mismos estarían amancillando su propia reputación "intachable" porque algo seguramente estarán ocultando. Por algo, esos señores tienen su tapado.
Este dilema cada vez más está tomando un cariz altamente preocupante, pues los detractores de la ley la consideran como una de las herramientas más execrables que está empleando Santos para exacerbar la creciente animosidad entre los campesinos despojados y los empresarios de agro en Colombia. Según las cifras oficiales, 40 por ciento de los predios rurales colombianos, cerca de 1,2 millones, carecen de titulación y la meta del gobierno de Santos este año es formalizar medio millón de hectáreas. Si bien aplaudo la osadía de Santos de afrontar este problema e imponer de una buena vez una cultura de respeto a la legalidad, me genera mucha preocupación que la violencia en Colombia se recrudezca y se ocasionen más muertes.
María Jimena Duzán tenía razón al decir que los enemigos más recalcitrantes que tiene la restitución de tierras se hicieron públicos después de la manifestación en Necoclí. Me temo que los campesinos que hicieron acto de presencia en aquella marcha tal vez se hayan colgado sus propias lápidas al cuello. Por lo menos, así lo indica la resistencia que están oponiendo ciertos gremios agrícolas que se beneficiaron del desplazamiento forzado y se abocaron con total desvergüenza a la rapiña de tierras para adelantar megaproyectos. Quizás peque de pesimista pero concuerdo con Hollman Morris cuando dijo que la Ley de Restitución tal vez deje más muertos en Colombia y radicalice el espiral de violencia. Todo esto deja más preguntas que respuestas.
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