Criada en una familia pobre de Río de Janeiro, Luane
Bento dos Santos participó hace casi una década de una experiencia
inédita para todo Brasil: ingresó a una gran universidad pública por un
sistema de cuotas raciales.
Bento, de 28 años, recuerda que ser pionera del
plan de acción afirmativa en la Universidad del Estado de Río de Janeiro
(UERJ) implicó varios retos personales, problemas financieros
incluidos.
"Pero la mayor dificultad es entrar en un espacio que no fue hecho históricamente para la población negra", explica a BBC Mundo.
Sin embargo, hoy tiene un diploma en Ciencias Sociales, un concurso
de Profesorado, cursa una maestría en Relaciones Étnico-raciales y
afirma orgullosa que su hija sí tendrá una madre con nivel superior de
estudio.
Una nueva ley en Brasil busca reeditar
experiencias como ésta en todo el país, al reservar la mitad de los
cupos de ingreso en las universidades federales a egresados de liceos
públicos negros, mulatos, indígenas y pobres.
Los defensores de la ley, aprobada por la
presidenta Dilma Rousseff este miércoles, creen que ayudará a crear una
sociedad más igualitaria y con menos segregación racial.
Pero otros critican la ley por considerarla
"fuera de época" o por creer que puede disminuir el nivel de las
universidades más prestigiosas de Brasil, que producen la mayor parte de
investigación y conocimiento en el país.
"Dominio"
La ley aprobada por el Congreso este mes
establece una combinación de cuotas raciales y sociales en las 59
universidades federales de Brasil, el país con la segunda mayor
población negra del mundo, después de Nigeria.
La norma establece que 50% de los cupos en esas
universidades, equivalentes a unas 120 mil plazas, deberán corresponder a
alumnos que cursaron toda la secundaria en instituciones públicas.
La mitad de esos cupos (25% del total) irán para estudiantes de familias con ingresos bajos, lo que constituye la cuota social.
A su vez, la cuota racial será definida de
acuerdo a la proporción de negros, mulatos e indios en cada estado del
país, según el censo y cómo se autodefina cada estudiante.
Los que ocuparán los cupos reservados se
elegirán de acuerdo a su rendimiento en un examen nacional de enseñanza
media (la ley creaba el criterio de un coeficiente, pero este punto fue
vetado por Rousseff).
Aunque la experiencia de acción afirmativa
iniciada en la UERJ en 2003 se ha extendido a decenas de universidades
estatales, federales y privadas de Brasil, muchos creen que la ley
consagra un cambio definitivo.
Los universitarios brasileños han sido
tradicional y mayoritariamente blancos de clase media y alta, muchos
formados en liceos privados que los preparaban mejor para pasar el
examen de ingreso a estudios terciarios.
"La ley de cuotas es fundamental porque
cuestiona el dominio de las élites en las facultades públicas
brasileñas", sostiene Frei David Raimundo dos Santos, un fraile
franciscano de la organización Educafro, en Sao Paulo.
"Ahora el pobre puede hacer medicina,
odontología o derecho en las facultades públicas; antes no podía",
agrega en diálogo con BBC Mundo.
¿Democracia racial?
En Brasil la enorme desigualdad entre negros y blancos es un legado
de la época de la esclavitud que se mantiene hasta hoy, debido a la
diferencia en educación y salarios que perciben unos u otros.
El censo de 2010 reveló que casi 51% de los
brasileños se definen a sí mismos como negros o mulatos. Sin embargo,
los blancos perciben en promedio cerca del doble de ingresos.
Todo esto cuestiona la idea que muchos tienen de
Brasil como una "democracia racial", basada en el lugar destacado que
la cultura afrobrasileña ocupa en la identidad nacional.
Frei señala como ejemplo que a las carreras de
medicina o derecho en la Universidad de Sao Paulo, la Universidad
Estatal Paulista (UNESP) y la Universidad Estatal de Campinas entraron
en cinco años menos de 1% de negros.
Allyson Andrade, un estudiante de ingeniería
eléctrica de 25 años que también entró por cuota racial en la UERJ,
apunta que ninguno de sus profesores es negro como él.
"No se ven negros en las posiciones de destaque
académico", explica. "La cuota es el empujón que se da para salir de esa
situación".
Críticas
La ley establece que las universidades federales
tendrán cuatro años para adaptarse, pero exige que en ese plazo se
reserve al menos 12,5% de los cupos para aplicar el nuevo sistema de
ingresos.
Después de una década las cuotas raciales se descontinuarán.
El cambio será grande, si se considera que 27 de
las 59 universidades federales brasileñas carecen de cuotas sociales y
34 de espacios reservados para negros, mulatos o indígenas.
Pero la ley también ha generado críticas, entre
ellas que nada establece para atacar el problema de la mala enseñanza
pública básica.
Simon Schwartzman, investigador del Instituto de
Estudios de Trabajo y Sociedad, en Río de Janeiro, advierte que la ley
puede afectar el nivel académico de ciertas facultades.
Argumenta que algunos de los cursos donde van a
entrar los nuevos alumnos son de nivel de exigencia "alto", con pocos
lugares disponibles y exámenes selectivos de ingreso, en áreas como
medicina o ingeniería.
"Si de un día para otro colocas la mitad de esos
alumnos viniendo por cuotas y sin la formación previa adecuada, vas a
tener un problema de cómo la universidad va a lidiar con eso", agrega
Schwartzman a BBC Mundo.
"Doble desafío"
José Jorge de Carvalho, profesor de antropología
en la Universidad de Brasilia y defensor de las cuotas raciales, opina a
su vez que la ley "es un retroceso" porque separa a los estudiantes
negros según hayan estudiado en liceos públicos o no.
"La comunidad negra sufre de racismo hace un
siglo en las universidades (y) la clase media negra ahora no va a tener
espacio en las universidades", protesta. "Es la nueva clase que empieza a
repuntar después de una década de cuotas".
Carvalho recuerda que la Justicia ya respaldó
este año las cuotas para negros y sostiene que debía haberse hecho más
en ese sentido.
En una aparente respuesta a algunas de las
críticas, Rousseff dijo durante la ceremonia de aprobación de la ley que
Brasil tiene un "doble desafío": lograr una mayor inclusión social en
las universidades y, a la vez, mantener un nivel elevado de enseñanza.
